La reparación directa permite a los particulares reclamar la indemnización por los perjuicios que les cause el estado o sus agentes.
Qué es la reparación directa.
A través de la pretensión de reparación directa se busca que sean reparados todos los daños causados por una entidad estatal, acción que encuentra su base jurídica en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual establece que el estado deberá responder por el daño antijurídico que cause a los particulares.
La jurisprudencia respecto a este medio de control ha creado figuras como la falla del servicio, como un indicativo de una omisión del estado en algo que debía cumplir, y ha creado una serie de daños tales como el daño especial, daño moral y daño a la salud, que son unas especies de ítems para determinar el impacto del daño en la vida del afectado.
Acción de reparación directa en el CPACA.
La acción de reparación directa la encontramos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o ley 1437 de 2011. En el inciso segundo del artículo 140 se señala:
«De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.»
Cualquier particular que crea haber sufrido un perjuicio o daño por parte del estado o uno de sus agentes puede interponer esa acción.
También es posible que el estado recurra a ella cuando un particular y otra entidad estatal, según el inciso tercero del artículo 140 del mismo código:
«Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.»
Así que los particulares también pueden verse obligados a responder económicamente cuando perjudiquen a cualquier entidad pública.
Causas por las que se puede demandar la reparación directa.
Se podrá demandar a través de este medio de control cuando por las siguientes causas el estado cause perjuicio a alguna persona:
- Acción, cuando el estado de manera activa causa el perjuicio.
- Omisión, cuando por inactividad de las obligaciones propias de la entidad se causa el daño.
- Operación administrativa, cuando la administración se encuentre en ejecución de una orden emitida a través de un acto administrativo y cause perjuicios.
- Ocupación temporal o permanente de un inmueble.
- Un hecho.
- Por cualquier otra causa imputable a una entidad pública.
Se puede exigir la reparación directa de daños patrimoniales y morales.
Requisitos de procedibilidad de la reparación directa.
Para interponer esta acción, el único requisito previo que hay que agotar es el de la conciliación prejudicial, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 161 del mencionado código, el cual establece lo siguiente:
«Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.»
Una vez intentada la conciliación, si no prospera, el particular queda habilitado para interponer la acción de reparación directa.
Caducidad de la acción de reparación directa.
Este medio de control se caracteriza, además, por tener una caducidad de dos años, la cual se contabilizará a partir del día siguiente de la circunstancia que haya generado el perjuicio, cuando el afectado haya tenido o debió tener conocimiento. En este caso, el afectado tendrá la carga de la prueba respecto a acreditar la imposibilidad de haber tenido conocimiento del momento de la ocurrencia del hecho.
Este término de caducidad lo encontramos en el artículo 164 de la ley 1437 de 2011 o CPACA.
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Buenas tardes, mi caso es el siguiente: por medio de un acto administrativo, el alcalde nombró un manual de funciones que debía realizar. Este mal encauzado me generó una investigación disciplinaria de la cual salí absuelto. Durante este tiempo, es decir, durante la investigación, el señor alcalde, con engaños, hizo que firmara mi carta de renuncia, prometiéndome otras oportunidades laborales.
Cabe aclarar que cumplí el manual de funciones a cabalidad, tal como me fue encomendado por él, y al momento de la investigación, se lavó las manos conmigo.
En este caso, por haber emanado unas directrices que no me correspondían y por haberme hecho renunciar con engaños, ¿es posible una reparación directa? Muchas gracias.
Tendría que demostrar que la renuncia adolece de un vicio de consentimiento por engaño o presión indebida, una tarea nada fácil.
Excelente página, siempre los consulto cada vez que tengo una duda. Hoy les pregunto: Si los hechos de desaparición forzada (falsos positivos) ocurren antes del CPACA, ¿qué ley ampara al ciudadano para llevar dicho proceso o cómo sería la parte procesal? Esto teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en 2007. Mil gracias.
Para los hechos de desaparición forzada ocurridos en 2007, como los denominados “falsos positivos”, la ley que ampara al ciudadano para llevar a cabo un proceso es el Código Penal colombiano vigente en ese momento, así como la legislación internacional en materia de derechos humanos.
En Colombia, la desaparición forzada es un delito tipificado en el Código Penal. Aunque el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) se promulgó posteriormente, los hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia deben ser procesados conforme a las normas que estaban vigentes al momento de su ocurrencia.
El proceso podría iniciarse mediante la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, quien tiene la obligación de investigar los delitos. Además, el afectado o sus familiares pueden acudir a instancias internacionales si consideran que sus derechos han sido vulnerados y no han encontrado justicia a nivel nacional.
Es recomendable contar con asesoría legal especializada para garantizar que se sigan todos los procedimientos adecuados y se protejan los derechos del denunciante.