Interdicción judicial

La interdicción judicial es (era) un proceso civil mediante el cual se busca (buscaba) que una persona mentalmente incapaz sea declarada interdicta por un juez, proceso que fue derogado por la ley 1996 de 2019, que en su lugar implementó los llamados acuerdos de apoyo para la celebración de actos jurídicos.

Interdicción.

La interdicción es el acto o acción de interdecir, e interdecir significa prohibir o vedar.

En el derecho civil, la interdicción significa la privación de los derechos civiles de la persona.

La interdicción judicial no es más que una orden judicial proferida mediante sentencia, en la que se declara la interdicción de una persona, privándole de sus derechos civiles.

Qué es un interdicto.

Un interdicto es una persona a la que le han privado de ciertos derechos civiles, de manera que no puede decidir ni actuar por sí misma, dependiendo de terceros que decidirán por él y/o lo representarán.

Declaración de interdicción.

Haciendo un poco de historia, el proceso de interdicción era un proceso de jurisdicción voluntaria, pues con este no se buscaba resolver un litigio, ni controvertir un derecho, sino que se declarara judicialmente que una persona no estaba en capacidades mentales para ejercer su capacidad de ejercicio.

Esta clase de proceso se encuentra consagrada en el artículo 586 del Código General del Proceso, y ese proceso se inicia con una demanda que debe reunir todos los requisitos legales en especial:

• Certificado de un médico psiquiatra o neurólogo sobre el estado del presunto interdicto, expedido bajo juramento que se entenderá prestado por la sola firma.
• Este proceso podrá promoverlo el juez de oficio.
• Se ordenará citar a quienes se crean con derecho al ejercicio de la guarda y se ordenará el dictamen médico neurológico o psiquiátrico sobre el estado del paciente.

En el dictamen médico neurológico o psiquiátrico se deberá consignar:

1. Las manifestaciones características del estado actual del paciente.
2. La etiología, el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad, con indicación de sus consecuencias en la capacidad del paciente para administrar sus bienes y disponer de ellos; y
3. El tratamiento conveniente para procurar la mejoría del paciente.

En la sentencia que declara la interdicción de una persona con discapacidad, ya sea provisoria o definitiva, también el juez podrá decretar las medidas de protección personal que considere necesarias y las terapéuticas, pues con este proceso no solo se busca la declaración de interdicción, sino también si es posible la rehabilitación de la persona.

Por último, la declaratoria de interdicción debía ser insertada en el registro civil de la persona para hacer constar su condición.

Eliminación de la interdicción judicial.

La ley 1996 de 2019 eliminó la interdicción judicial como una medida de garantizar el acceso a los derechos civiles a toda persona, incluso a las que sufren de incapacidad mental absoluta.

La interdicción judicial quitaba a las personas su capacidad jurídica para ejercer algunos derechos, como asumir obligaciones o firmar contratos, por lo que dependían de otras personas que decidían por ellos.

Hoy eso no es posible, por lo que toda persona mayor de edad, así carezca de lucidez mental, sigue siendo autónoma para hacer negocios, aunque deba contar con algunos apoyos.