Derechos laborales adquiridos

En ciertas ocasiones, es común escuchar a la gente del común que posee derechos adquiridos como empleado, pero al indagar el caso en particular, se suele confundir el "statu quo" con la figura de la favorabilidad en materia laboral, circunstancias totalmente diferentes, ya que la primera se refiere al derecho causado durante la ejecución de una relación laboral, y la segunda hace alusión a la técnica de interpretación de la normatividad laboral de la misma materia cuando existe duda en su aplicabilidad e interpretación.

¿Cuándo un derecho laboral es un derecho adquirido frente a la derogatoria de la ley?

La teoría del derecho adquirido requiere de varios presupuestos para que se pueda alegar, como lo son:

1. Que exista una ley laboral vigente aplicable al trabajador durante la ejecución de su relación laboral.
2. Que el trabajador cumpla con los presupuestos que ella contempla para tener acceso a sus beneficios.
3. Y, finalmente, que entre en vigencia una nueva ley que regule de otra forma dicha situación o circunstancia hacia el futuro, sin que se afecte lo causado (derecho) en el pasado.

Un ejemplo clásico de derecho adquirido es el trabajador que, en la ejecución de su contrato de trabajo, es acreedor, por convención colectiva, de una prima extralegal cada tres meses, y que dicho beneficio sea modificado en su detrimento cuando lleve 4 meses de ejecución. En este caso, si no le fue pagado al trabajador a los tres meses de su causación, el empresario debe cancelársela sin que pueda alegar la derogatoria de la disposición jurídica.

La tesis de los derechos adquiridos se encuentra plasmada en los arts. 332 y 336 de la Constitución Política, y merece especial observación y análisis, puesto que, frente a la entrada en vigencia de nuevas leyes, se desconoce su verdadero contenido y alcance.

Actualmente, el ordenamiento colombiano, para minimizar el impacto que pueda experimentar el trabajador con el cambio de leyes que recorten o desmejoren sus derechos, suele incorporar figuras denominadas "regímenes de transición" para proteger y garantizar las expectativas de los derechos que, por sus características, han alcanzado un alto grado de maduración en su causación. Ello genera seguridad jurídica y confianza en las instituciones.